Robo, maltrato, abusos, violencia, estafa y vulneración de derechos; estas y más prácticas son las que algunas organizaciones sin ánimo de lucro llevan a cabo, desmeritando la gran labor que hacen las causas sociales y afectando profundamente la confianza de la ciudadanía en el sector.

Y aquí llega la pregunta clave: ¿cuáles son esos tipos de fraude? ¿Cómo sé si la fundación que apoyo realmente tiene buenas prácticas y un trabajo legítimo?

Apoyar las causas sociales de forma consciente implica conocer, hacer seguimiento y vivir la causa, entendiendo cómo funcionan estas organizaciones y cuáles son los riesgos que pueden presentarse.

Diversos análisis internacionales también muestran que este problema no es exclusivo de Colombia, sino parte de un fenómeno global donde el fraude y la corrupción dentro de organizaciones sin ánimo de lucro se ocultan y normalizan por falta de transparencia y controles efectivos. Como lo expone Sandbrook (2015) en Integritas360:

“A pesar del creciente nivel de fondos canalizados a través de las ONG (o quizás debido a ello), el fraude y la corrupción siguen siendo un tema muy sensible, y la mayoría de las ONG se muestran reacias a abordarlo abiertamente. […] Actitudes como esta, la falta general de transparencia en el sector y la escasez de evidencia empírica disponible sobre fraude y corrupción han hecho que el tema evite un escrutinio adecuado.”

Este planteamiento evidencia que la corrupción dentro de ONG y fundaciones ocurre, en gran parte, porque no se habla, no se reconoce y no se investiga, permitiendo que las malas prácticas crezcan bajo un manto de silencio institucional.

Esta falta de una normativa uniforme y sólida crea vacíos que, en muchos casos, pueden ser aprovechados por organizaciones fachada para operar sin controles reales.

Uno de los casos que impactó a Colombia en 2021 –pero que no tuvo la visibilización que merecía– fue la captura de 21 personas en Bucaramanga. De acuerdo con un comunicado del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia (2021), esta red criminal, integrada en su mayoría por miembros de una misma familia, utilizaba supuestas fundaciones como fachada para cometer delitos contra la libertad personal, incluyendo secuestro y desaparición forzada. Las víctimas eran habitantes de calle, adultos mayores, jóvenes y otras poblaciones vulnerables que eran retenidas y explotadas bajo la apariencia de recibir atención y cuidado.

Esta situación cobró notoriedad en ese momento por el asesinato de Abraham Josué Chía Robles, de 27 años, quien había sido trasladado desde Cúcuta a una fundación que ofrecía tratamiento para su inestabilidad emocional.

Según medios locales, su familia lo llevó inicialmente a la Fundación Funcape, donde recibiría apoyo terapéutico; sin embargo, sin autorización, el joven fue llevado a otra sede. En la audiencia –según relató Caracol Radio– se reveló que Abraham fue golpeado brutalmente dentro de una pequeña celda, lo que le cobró la vida.

Por esta y muchas más razones, en Wakii trabajamos para impulsar y acompañar causas sociales honestas, transparentes y comprometidas con el bienestar de las comunidades. Nos vinculamos con organizaciones que demuestran buenas prácticas, impacto real y un trabajo ético, y que además visitamos personalmente para conocer de primera mano su labor, sus desafíos y sus necesidades diarias.

Redacción: Gabriela Carmona Rivera